Por el tarifazo, 87.000 familias se desconectaron de la red de gas

En los últimos meses, más de 87 mil usuarios de la Capital Federal y el Conurbano bonaerense dieron de baja el servicio que les brindaba Metrogas, según datos del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), algo que los especialistas atribuyeron al desmesurado aumento de las tarifas, que en los últimos tres años tuvieron un alza de hasta 2.400%.

El número de los que abandonaron esa empresa equivale al 9,8% del total de sus clientes y, tal como explicaron desde la Defensoría del Pueblo bonaerense, muchas de esas familias son del Gran Buenos Aires, donde el porcentaje del incremento es superior al de la Ciudad.

“A igual consumo, un usuario de localidades como José C. Paz o Malvinas Argentinas paga $25,87 más por cargo variable que uno de Puerto Madero”, explicó el defensor del Pueblo bonaerense Adjunto, Walter Martello, en diálogo con DIARIO POPULAR.

En cuanto a la importante deserción de usuarios apuntó que “está absolutamente vinculada al incremento de las tarifas” y graficó: “Ante la falta de posibilidad de pago, se registran deudas y morosidades que hacen que después se interrumpa el servicio. Según una medición hecha entre mayo y noviembre del año pasado, Metrogas tiene 87 mil usuarios menos”.

Esta situación, genera que los vecinos tengan que recurrir a otro tipo de energía. “Esto lleva a que la gente de clase media se mude a instalación eléctrica. La clase baja a garrafa y la muy baja a otro tipo de combustible, como la leña. Con este 2.400% de aumento desde 2015, hemos retrocedido mucho y hay que tener en cuenta que en seis meses se va a discutir un nuevo incremento”, reveló Martello.

Para colmo, el caso de la garrafa, utilizada por familias humildes, también cuenta con inconvenientes, según detalló el especialista: “En el caso de la garrafa social, que se ve mucho en el Conurbano, los usuarios se quejan porque sólo entregan dos garrafas de 200 kilos por mes y no podés ir caminando a buscarlas por el peso. Entonces a eso se le empieza a sumar el costo del remis y se le hace inaccesible a la gente de menores recursos. De hecho, eso llevó a muchos comedores a tener combustión a leña”.

Al referirse al caso de Metrogas, puntualizó que “es la única empresa donde se da este fenómeno, de usuarios a la baja” y, consultado por la zona geográfica más afectada, afirmó: “El balance oficial no lo podemos obtener, porque el ENARGAS no discrimina por zona, pero claramente los sectores más castigados son los del Conurbano bonaerense”.

“De hecho, en la audiencia surgió una resolución que emite el ENARGAS donde le comunica a Metrogas que facilite la reconexión ante los casos de pérdidas. Antes, te constataban una pérdida, te quitaban el medidor y no tenías posibilidad de mejorar la instalación de gas de tu domicilio y te ibas del sistema. Para atenuar esta situación, resolvieron otorgar mayores plazos para mejorar las instalaciones, salvo que haya algún riesgo vinculado a la salud”, explicó Martello.

Al referirse a la tarifa social, habló de complicaciones para los sectores más vulnerables: “En general van corriendo la línea de dificultades de la tramitación para que cada vez haya menos beneficiarios. Desde el gobierno exponen que tenés descuentos, pero la realidad es que cada vez accede menos gente”.

El defensor del Pueblo bonaerense adjunto indicó que otro dato preocupante es la caída en la entrega de gas a clientes residenciales: “En el caso de Metrogas, en 2018 se entregó el mismo gas que hace 20 años. Es el nivel más bajo desde 1998, lo que habla de la imposibilidad de consumir, porque en todo ese tiempo hubo un crecimiento demográfico y de hogares más que importante”.

En ese contexto, salieron a la luz incongruencias manifiestas en lo que se refiere a la importación y exportación de gas. Concretamente, YPF (que tiene el 70% de Metrogas) viene realizando contratos de exportación a Chile que contemplan precios mucho más bajos respecto a lo que se le paga a Bolivia por la importación de gas no industrializado.

“YPF, que tiene la mayoría accionaria de Metrogas, le vende gas a Chile a 3.86 US$/MMBTU, mientras en la última adenda del contrato con Bolivia se estableció un precio de importación de 7,14 US$/MMBTU. Es una ecuación que no cierra por ningún lado y que requiere explicaciones por parte del gobierno”, disparó Martello.

Por todo esto, analizó: “El acceso a la red de gas es un derecho básico de la población y las obligaciones del Estado incluyen prevenir y abordar los abusos fiscales de las corporaciones y sus deberes respecto al financiamiento de los derechos humanos”.

“Las ganancias extraordinarias de las empresas sirvieron para afrontar las deudas en dólares, postergando inversiones y la ecuación económica de maximizar las ganancias empresarias llevó a que el consumo de gas se encuentre en mínimos históricos y se reduzca la cobertura de la red”, concluyó Martello.

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