Polémica por una web oficial que permite espiar datos privados de cualquier argentino con su CUIL

La Superintendencia de Servicios de Salud tiene online algunos servicios de gran utilidad, como el formulario de ingresos para quienes quieran tener menores aumentos en la medicina prepaga. En paralelo, esta página ofrece propuestas menos entendibles. Por caso, una base de datos -abierta a cualquiera- con información que muchos considerarían privada, ya que permite conocer la obra social de cada individuo en relación de dependencia.

Basta ingresar el CUIL de la persona que se pretende buscar, dato que, se sabe, está disponible en internet. El resultado es inmediato y en algunos casos incluye detalles del pasado, como las elecciones previas de obra social, con las fechas de alta y baja, en cada caso.

Si la persona no está en relación de dependencia, hay una base de datos de monotributistas. Y no falta el Padrón de Beneficiarios de los Agentes Nacionales del Seguro de Salud, de modo que también quienes tengan PAMI aparecerán, de uno u otro modo.

Datos de millones de argentinos están expuestos en una web del Estado. Foto Federico Imas

Sin ninguna duda es una base de datos buchona, al menos para quienes estén demorando compartir que debieron jubilarse, por ejemplo.

Además, aunque el dato de la prepaga a la que muchos derivan aportes no aparece en este repositorio, la mera elección de tal o cual obra social (cruzada con el estatus socioeconómico de la persona) permite sacar conclusiones con facilidad, ya que hay obras sociales prácticamente sostenidas por sus acuerdos con cierta entidad, un entramado que daría para otras líneas.

La obra social de los comisarios navales

Por lo pronto, ahí están, la Vicepresidenta Cristina Fernández y el ex Presidente Mauricio Macri, unidos por la Obra Social de los Comisarios Navales, revela la base de datos de la Súper.

Los datos de Cristina Fernández de Kirchner en la web de la Superintendencia de Servicios de Salud. Foto Captura

Los borrados de la lista

Con tiempo, uno podría buscar todo el día. Encontraría a casi todos, con solo averiguar el CUIL en páginas como Dateas o Cuitonline.

También están los que brillan por su ausencia. Famosos de todos los rubros, sea por los cargos políticos que ocuparon como por algún desempeño en el mundo de la cultura, los medios o el espectáculo, que lograron -no se sabe bien cómo- “borrarse” del sistema.

Qué dijeron las autoridades

Juan Pablo Altmark, abogado especializado en protección de datos personales y presidente de la Asociación Latinoamericana de Privacidad, cree que la información de esta base, en principio, es información privada.

Opinó que “no hay razón por la que estos datos deban ser públicos y exponer la privacidad de personas que nunca se expidieron sobre integrar una base de datos que exhiba su obra social, o si están jubilados, por ejemplo”.

La respuesta de la Superintendencia

Desde el área de prensa de la “Súper” se indicó a Clarín hacer la consulta a través de un pedido de acceso a la información pública, un procedimiento oficial bastante protocolar, que (en contra) demora un par de semanas en resolverse, pero (a favor) las autoridades sí o sí deben responder.

Llamativamente, la respuesta incluyó un dedicado párrafo que buscó demostrar la inconsistencia de dirigir a ellos la pregunta, aun cuando el propio Gobierno había instado a esta cronista a utilizar esa modalidad de consulta.

Esbozaron que la consulta excedía los alcances del área, ya que no involucra información “bajo custodia”. No obstante, respondieron.

Consultaron al área técnica respectiva y aclaraon que, 1) el Estado debe recabar este tipo de datos (nadie lo duda), en este caso, el empadronamiento de los ciudadanos a distintas obras sociales, siempre y cuando formen parte del ejercicio de funciones legales.

Luego, 2) aclararon que no es necesario el consentimiento cuando los datos refieran “nombre, documento nacional de identidad, identificación tributaria o previsional, ocupación, fecha de nacimiento y domicilio”.

Inconsistencias

La respuesta continúa diciendo que “la ley 25.326 no impide que existan registros de datos personales para uso público, como sería el caso que nos ocupa”.

Luego agregan que “además, la afiliación a una obra social no es un dato sensible, ya que se trata de un dato personal que no tiene la potencialidad de dañar un interés legítimo de su titular, que es lo que la citada ley busca proteger, entre otras cosas”.

La diferencia entre “dato personal” y “dato sensible personal” está especificada en la ley. En efecto, la obra social de cada persona no es un dato sensible, pero sí es personal, y la página de la Superintendencia no especifica la finalidad de la base de datos en cuestión, algo que la propia ley estipula en el artículo 6.

Datos personales o sensibles

De todos modos, el abogado no se sorprendió mucho por la respuesta: “Al organismo nunca le gustó mucho levantar la bandera cuando hay un tratamiento erróneo desde el Estado”.

“La ley establece que los organismos del Estado pueden tratar datos sin el consentimiento del titular, siempre y cuando esté en el marco de las competencias del organismo. Pero una cosa es ’tratar’ los datos y otra cosa es ’exponerlos’. Exponerlos al público para que cualquiera los pueda levantar”.

Antes de cerrar esta nota, Clarín repreguntó a la Superintendencia por la finalidad de esta base de datos. Se pidió expresamente una respuesta directa, ya que los pedidos de acceso a la información pública demoran hasta 15 días.

Una nueva ley de Protección de Datos Personales

Dos décadas quizás no sean nada, pero cuando uno piensa en la Argentina del 2000 resulta prediluviana: un peso valía un dólar y no había smartphones ni Gmail ni ninguna red social. Ese año se sancionó la ley de Protección de Datos Personales vigente hoy y que, no caben dudas, quedó obsoleta.

Hace unos años surgieron algunos proyectos de ley para renovar el marco normativo y la propia Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública (de la que pende la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales) elaboró, en base a esos textos, un anteproyecto que sumó las sugerencias de distintos actores de la sociedad civil, convocados a fines del año pasado para tratar esta delicada materia.

La intención de la Agencia -conducida por Beatriz de Anchorena- es actualizar la normativa vigente. Al cierre de estas líneas, se pudo averiguar que el anteproyecto aguarda ser enviado desde el Ejecutivo al Congreso. Se espera que eso ocurra al inicio del período de sesiones ordinarias.

Para Altmark, sería un gran primer paso: “La digitalización tiene que estar acompañada con una regulación y control saludables. Los riesgos son muchos: desde el robo de identidad a partir de los datos que se tiene de una persona hasta la toma de créditos u otro tipo de extorsiones o delitos en torno al robo de identidad”.

Pero, además, dijo, “hay riesgos que son mucho más graves, como el mero hecho de perder todo tipo de privacidad respecto de lo que pensamos, lo que hacemos, lo que nos interesa o como reaccionamos a determinada información. Es el perfil de quiénes somos y que va generando una huella digital. El tema es quién y cómo maneja esa información”.

Luego, concluyó: “Hay gente que dice que no le importa; que no tiene nada que ocultar. Pero el tema es urgente porque cada nueva aplicación genera cambios gigantescos y estamos muy atrasados en la regulación. Hoy, ¿quién sabe cómo regular el uso del chat GPT? ¿Cuántos expertos hay en esto?”