Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy denunciaron a funcionarios sospechados por ayudar a mapuches

Después de la denuncia de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, en contra de algunos funcionarios nacionales que, habrían colaborado en los violentos ataques de los mapuches en Villa Mascardi, Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy también denunciaron a “quienes participan, promueven y apoyan los raids delictivos con el objetivo de formar una Nación Mapuche”.

Los Diputados opositores se presentaron ante la Justicia federal de Bariloche para añadir su escrito a la causa que investiga Magdalena Odarda, extitular del INAI, y su sucesor, Luis Pilquimán, por ‘Traición a la Patria’.

En su denuncia sobre “los acontecimientos ilícitos obrados por pseudo mapuches que involucran a las comunidades Lafken Wikul Mapu, Lof Gallardo, Lof Millalonco-Ranquehue, Lof Che Buenuleo, Pu Lof Cusamen, Movimiento Autónomo Mapuche del Puel Mapu (MAP) y Resistencia Ancestral Mapuche (RAM)”, Bullrich y López Murphy reclaman que los agresores reciban la agravante prevista en el artículo 41 del Código Penal.

Sembrar terror en la población para imponer sus ideas por la fuerza y desafiar el estado de derecho son acciones que podrían ser enmarcadas en las previsiones de los artículos 213 bis, 214, 215, y 226 del Código Penal, según Bullrich y López Murphy. Además de los actos delictivos ocasionados en Villa Mascardi.

 

El objetivo primordial

Los Diputados opositores dijeron que la finalidad de los violentos mapuches es lograr establecer una Nación Mapuche, dentro del territorio de la República Argentina, desconociendo el orden jurídico argentino en su totalidad.

Y argumentaron: “Este accionar se vio potenciado en los últimos años por el rol de ciertos funcionarios públicos y otras organizaciones afines a éstos que se mencionan y que, los funcionarios han quebrantado los deberes inherentes a su función y su actuar ha sido desleal con los intereses de la Nación”.

Por último, exigieron la inscripción de las comunidades ilegales (MAP y RAM) a las que también piden investigar por artículo 306 inciso 1 del Código Penal en el Registro Público de Personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su Financiamiento (REPET).

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