La ultima locura “Guerrillera”: La Tablaba ayer y hoy

El copamiento del cuartel de La Tablada fue un intento de ocupación de los cuarteles del Regimiento de Infantería Mecanizado 3 Gral. Belgrano (RI Mec 3) y del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindado 1 del Ejército Argentino en La Tablada, provincia de Buenos Aires, el 23 y 24 de enero de 1989, por miembros del Movimiento Todos por la Patria (MTP), liderados por Enrique Gorriarán Merlo. El ataque se produjo durante la presidencia de Raúl Alfonsín de la Unión Cívica Radical y, según el MTP fue para detener un alzamiento carapintada contra el gobierno.

Por otra parte, la conclusión de la investigadora Claudia Hilb, basada en los testimonios que recopiló y en los razonamientos que formula, es que la cúpula del MTP pretendía provocar —mediante un fingido ataque carapintada al cuartel— una insurrección popular manipulando los sentimientos antigolpistas. El investigador Felipe Celesia coincide en que no había tal intento de golpe carapintada sino que el MTP perseguía hacer la revolución según el modelo nicaragüense, mediante una insurrección popular que generara cambios políticos de fondo.

El presidente Alfonsín ha sostenido que fue él quien ordenó la represión,​ acto confirmado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.​El investigador Felipe Celesia sostiene que durante el primer día, las operaciones represivas dentro del cuartel estuvieron bajo el mando autónomo del poder militar y que el presidente Alfonsín recién pudo asumir el control de las mismas a partir del día siguiente.​ La represión llevada a cabo por el Ejército se caracterizó por un alto grado de violencia, sin intentos de negociación, con varias violaciones de derechos humanos; en 1987 y 1988 Alfonsín había enfrentado sin recurrir a la violencia y negociando con los sublevados, tres insurrecciones militares carapintadas.

Resultaron muertos treinta y dos guerrilleros, nueve militares y dos policías.​ Cuatro guerrilleros fueron detenidos desaparecidos por las fuerzas gubernamentales, cuya suerte nunca fue revelada por el Estado argentino.

El juicio contra los atacantes se realizó en forma sumaria ese mismo año sin respetar el derecho al debido proceso, con condenas «ejemplificadoras», completadas en 1997 con las condenas de Gorriarán Merlo y Ana María Sívori.​ En 1997 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tuvo por probado que el Estado argentino fusiló ilegalmente, torturó y vejó a varias de las personas que fueron detenidas, evitando investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por los militares y otros funcionarios, además de no respetar el derecho al debido proceso de los acusados.

Doce años después de los hechos, luego de una huelga de hambre de los presos de la Tablada y presionado por los cuestionamientos de la CIDH, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, el presidente Fernando de la Rúa, conmutó las penas de los condenados.​ En 2003 el presidente Eduardo Duhalde indultó a todos los condenados.

La investigación sobre los delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas del gobierno se ha visto obstaculizado. En diciembre de 2016 el Poder Judicial reabrió la investigación luego de que la Corte Suprema lo ordenara el año anterior.​ En diciembre de 2018 comenzó el primer juicio por sólo uno de los cuatro desaparecidos, aunque incluye las torturas y el posterior ocultamiento, en el que se vio involucrado el fallecido Alberto Nisman. El único acusado del juicio es Alfredo Arrillaga, ya condenado por crímenes de lesa humanidad en la Base Naval de Mar del Plata.

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