El Gobierno peronista proyecta más recortes de gastos en Educación, Salud y Transporte

La aceleración de la tasa de inflación, de un ritmo inicial de 50% anual en enero a 78% en agosto y que se proyecta en las pautas del Presupuesto de Gastos y Recursos para 2023 en 95% para diciembre, arrastra inexorablemente el aumento de las partidas vigentes para el resto del 2022, en particular en las áreas que ajustan con rezago trimestral por la variación del Índice de Precios al Consumidor del Indec (IPC) y de los recursos de la Anses, como es el caso del “gasto social”.

Ese efecto se aprecia con claridad al comparar los créditos presupuestarios vigentes para el conjunto de la Administración Central de $16,29 billones, con el presentado como cierre para todo el año en el Presupuesto 2023 de $16,77 billones. Esto es, se estima que a través de Decisiones Administrativas de la Jefatura de Gabinete de Ministros y del ministro de Economía, o bien por medio de un Decreto ómnibus de centenares de páginas como ha ocurrido casi ininterrumpidamente en cada último trimestre del año en las últimas dos décadas, se dispondrá una ampliación neta del gasto público en $480.000 millones, con subas y bajas en el desagregado por principales jurisdicciones.

Entre los Ministerios que se prevé acusarán recortes nominales una vez más, como ocurrió en agosto último, se destacan los de Educación $45.336 millones; Salud $44.302 millones; y Transporte $40.000 millones, aunque la mayor poda la sufrirá la Tesorería con $63.970 millones, y por extensión las provincias que tendrán una caja más delgada a dónde acudir para recibir transferencias discrecionales, como se ha observado desde el inicio del año.

En menor medida, se advierten otras disminuciones en las autorizaciones a gastar (crédito presupuestario en la jerga de las finanzas públicas) respecto del total asignado que hasta el 16 de septiembre registra la Oficina de Presupuesto de la Secretaría de Hacienda a cargo del histórico en el área, Raúl Rigo, en Desarrollo Territorial y Hábitat $24.514 millones; Obras Públicas 11.091 millones; Turismo y Deportes $5.000 millones; y Cultura $3.000 millones.

Por el contrario, la aceleración de la inflación forzará ampliar la partida máxima actual para Trabajo, Empleo y Seguridad en $418.410 millones, principalmente para el pago de las jubilaciones y pensiones con el próximo incremento que surja de la aplicación de la Ley de Movilidad previsional desde el 1 de diciembre y su efecto pleno sobre el medio aguinaldo que se liquida ese mes.

En segundo lugar, se proyecta un aumento de $142.192 millones en la partida para servicio de la deuda pública (intereses) indexada por inflación y por la variación cada mes más alta del tipo de cambio oficial (bonos dólar linked), pese a las reestructuraciones que postergaron vencimientos para el año próximo.

También por ajustes en jubilaciones y de los salarios se asume que se elevará en $85.156 millones el crédito para el Ministerio de Seguridad; y en $16.193 millones el de Defensa. En tanto, se incrementará en $40.241 millones la partida para Presidencia de la Nación, y en menor medida aparecen: $7.198 millones para la Jefatura de Gabinete de Ministros; y $6.295 millones para el Ministerio Público; entre otros.

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