Denuncian que los Tribunales Federales de Morón no pagan alquiler desde 2013

Los Tribunales Federales de Morón quedaron en la mira de la propia Justicia frente a la denuncia del propietario del edificio donde está la sede judicial. El dueño del local inició una demanda por “ocupación ilegal” denunciando que no le pagan el alquiler desde el año 2013.

Jorge Eduardo Azariu, propietario del edificio, realizó la presentación ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal y tras no llegar a un acuerdo pidió el desalojo por parte de los funcionarios judiciales. En el edificio ubicado en Crisólogo Larralde 673 funcionan los juzgados federales de primera instancia, donde se tramitan causas de corrupción y narcotráfico.

La relación entre las partes comenzó en 2005: por medio de una licitación pública se adjudicó el inmueble para el funcionamiento de los juzgados federales de Morón. Asimismo, en 2007 el propietario firmó un acuerdo de locación con la Dirección General de Administración Financiera del Consejo de la Magistratura.

Ese contrato tenía un plazo de tres años que vencía el 23 de mayo de 2010, y establecía un canon de 58.700 pesos. Aquel documento permitía una única prórroga de la locación, que se puso en marcha y el uso del inmueble se extendió tres años más, hasta 2013, con un nuevo canon locativo de 4.630.944 pesos.

En 2013 se intentó realizar una segunda prórroga pero no hubo acuerdo entre las partes por el valor mensual del alquiler. Desde entonces, según el dueño, los Tribunales Federales están siendo ocupados de manera ilegal. Azariu también denuncia que la Justicia dejó de abonar el alquiler durante 2014.

En marzo de 2015, el Consejo de la Magistratura ofreció pagar mensualmente 142.800 pesos mensuales, que no fueron aceptados por el propietario. Meses más tarde, se realizó una nueva oferta por 161.000 pesos que también fueron desestimados por Azariu que además intimó al desalojo del lugar mediante un carta documento.

Esta semana, la jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Rita Ailán rechazó la cautelar con el pedido de desalojo del edificio, aunque aún queda pendiente la cuestión de fondo. Si bien no se procedió con el desalojo la jueza instó al Concejo de la Magistratura a resolver la cuestión.

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