Carlos Rovira y el gobierno de Misiones ya tienen su propia 125 contra el campo

Los políticos “renovadores” que gobiernan Misiones bajo el liderazgo del ex gobernador y actual titular de la Cámara de Representantes provincial , Carlos Rovira, impulsaron una interesante ley para favorecer la investigación y la producción local de bio insumos que deberían servir para reemplazar el herbicida más conocido, para controlar las malezas, que es el glifosato.

Este herbicida es el más utilizado entre los productores y es objeto de controversia por sus propiedades ambientales. Algunos estudios científicos, no concluyentes, lo acusan de constituir un poderoso tóxico y de ser el responsable de la enfermedad celíaca. A pesar de estos comentarios entre círculos ambientalistas por el momento no existen pruebas concluyentes de la peligrosidad del producto.

Sin embargo muchos países y estados federales y provinciales han comenzado a prohibir o limitar su uso.

Todo indica que el gobierno de Oscar Herrera Ahuad, auspiciado por Carlos Rovira, se sumó en principio a la oleada de administrar el Estado con medidas denominadas, políticamente correctas. En este caso en línea con las preocupaciones ambientales que llegan desde Europa. Pero existen otras voces que analizan que se está a las puertas de un nuevo gran negocio para el empresariado local al prohibir el glifosato y sus marcas líderes de laboratorios extranjeros y su reemplazo por preparados orgánicos novedosos para tratar a los cultivos.

Un productor de té misionero cuya empresa exporta al mercado estadounidense señaló con reservas ante el temor que le “caigan” a su oficina una delegación de la Dirección General de Rentas (DGR) misionera, famosa por su afán recaudador, que “…anunciaron que una empresa, Agro Sustentable, está produciendo y comercializando bio insumos pero el problema es que cuando uno lee el catálogo de la compañía ningún producto se le asemeja al glifosato”.

Por el momento, la empresa puesta como ejemplo por Carlos Rovira y sus funcionarios, no ofrece ningún bio herbicida para la industria tealera.

En este contexto, las cuatro entidades del campo que componen la Mesa de Enlace solicitaron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declare la inconstitucionalidad de la Ley VIII-103 de la Provincia de Misiones, por la cual se prohíbe el uso de glifosato en todo el territorio provincial.

El comunicado difundido señala que “…la venta y uso del glifosato se encuentra autorizada en todo el país por las autoridades nacionales competentes. Por ello, la ley provincial que prohíbe su uso viola diversas normas federales que regulan la materia desde hace más de cincuenta años; entre otras, el Régimen de Sanidad Vegetal (Decreto/Ley 3489/58), el Registro Nacional de Terapéutica Vegetal (Decreto 5769/59) y la Ley de Declaración de Interés Nacional de la Sanidad de los Vegetales y Animales (Ley 27.233), así como las distintas reglamentaciones emitidas por las autoridades nacionales a lo largo de más de cuatro décadas, afirman en un comunicado”.

Además, la acusación contra la ley auspiciada por Rovira y el oficialismo misionero se extiende a la violación de la Constitución Nacional. “Esta violación de la normativa nacional por parte de la Provincia de Misiones, afecta el principio de supremacía del derecho federal (art. 31 CN), desconoce las competencias del Congreso de la Nación para regular el comercio interprovincial (art. 75 inc. 13 CN) y disponer todo lo conducente a la prosperidad y desarrollo del país, por ejemplo, la regulación nacional de productos esenciales para la producción agrícola (art. 75 incs. 18, 19 y 32 CN). Este proceder, a su vez, viola el derecho de propiedad y las libertades de comercio e industria de los productores rurales (arts. 14, 17, 42 y otros CN)”, denuncian los integrantes de la Mesa de Enlace.

Para los productores misioneros “...en la actualidad existen más de 160 países que habilitan el uso de glifosato por considerarlo un producto de baja toxicidad y no cancerígeno”.

De acuerdo con el informe publicado en el año 2016 por la Reunión Conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR, por sus siglas en inglés), “el glifosato, además no es cancerígeno, no provoca daños ni cambios en el material genético, no afecta al sistema nervioso, no provoca malformaciones y tampoco tiene efectos sobre órganos específicos tanto en exposición única o en exposición repetida“, enumeran varios emprendedores de las economías regionales.

Por otra parte, el 5 de septiembre, el oficialismo de Misiones fue anoticiado de la preocupación existente entre importadores de los Estados Unidos que compran parte de la producción nacional.

Los Estados Unidos importan el 66% del té que se produce en Argentina.

Lo cierto es que este recurso judicial intenta contener el reclamo de muchos productores y colonos que tienen ganas de llegar a la ciudad de Posadas para protestar frente a la gobernación por un error, cometido por los políticos de Rovira, prohibir, en el término de dos años, la utilización de glifosato en la provincia de la tierra colorada, en vez de aprobar una norma de promoción de bio insumos con beneficios tanto para el que los produce como para los que lo  consumen.

“Se equivocaron feo porque hasta el día de hoy no hay nada que reemplace al glifosato y no se entiende que la gente de Rovira impulse la prohibición de un producto cuando se trata de un herbicida aprobado y monitoreado por el Senasa”, señaló un productor con más de 30 años de producción agrícola.

Carlos Rovira y sus legisladores ya tienen su propia rebelión en la granja.

Por culpa de esta fallida ley logró reunir en la protesta a la Sociedad Rural, a CRA, CONINAGRO y a la Federación Agraria en un movimiento que fuera inaugurado, en julio de 2008, durante la crisis con el campo por la resolución ministerial conocida como la 125, que generó cuatro meses de tractorazos, protestas, cacerolazos y conflictos entre el gobierno kirchnerista y el campo.

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